#hayquecontarlo

En las últimas convocatorias de huelga he visto una tendencia por parte de muchas personas de pretender extender el concepto de huelga y paralización total a todos los ámbitos de la vida. Lo respeto, aunque discrepo en uno de los puntos que se suelen usar.

Evidentemente una huelga es un acto político de magnitud, de responsabilidad crítica y una muestra de poder en las calles. Una huelga no es solo la ausencia del trabajo, ni tampoco es solo hacer piquetes informativos. Una huelga es también dejar de consumir, dejar de utilizar los transportes públicos, dejar de usar los servicios públicos e, incluso, muchos plantean una huelga de cuidados, dejando sin realizar tareas domésticas, parando todo lo que incumbe a la vida cotidiana.

Existe una tendencia entre determinados compañeros a llevar al extremo el concepto de huelga, incluso planteando dejar de usar las redes sociales o los medios alternativos las 24 horas que dure la huelga. Lo respeto, pero me parece contraproducente.

En una jornada de lucha intensiva como una huelga general es imprescindible el uso de las nuevas tecnologías, en especial en estos momentos en los que los smartphones o teléfonos inteligentes y las redes sociales ayudan a abrir fisuras en estos tiempos de difícil acceso a los medios de comunicación de masas. Tomar imágenes ayuda a difundir el número real de manifestantes, que nunca será reproducido por los grandes medios, que la tratarán según los intereses circunstanciales de su grupo. También ayuda a grabar abusos y agresiones de la policia y poder luego demostrar cómo actúan quienes teóricamente están para protegernos. Y lo que es más importante, sirve para coordinar las luchas, para darles difusión y para que todo el mundo, esté donde esté, tenga información real, accesible y de primera mano para hacese una idea de lo que sucedió ese día.

A este respecto planteó un debate interesante Eldiario.es donde preguntaba a sus lectores cuál debía ser la postura más correcta, si secundar la huelga al 100% y no publicar nada, o establecer unos servicios mínimos, informando única y exclusivamente de la huelga.

Al menos en mi caso, mañana no consumiré, no trabajaré y no usaré servicios públicos, pero tendré bien cargada la batería del teléfono para, como en la anteriores convocatorias, poder dejar testimonio de lo que fue la huelga. En la era de la información, no se puede prescindir del único espacio realmente libre que nos queda como es Internet. Por primera vez en la Historia, existe un medio para comunicarse de manera universal, al alcance de todo el mundo y sin censuras, usémoslo, nos guste o no, es la herramienta más potente que tenemos en el siglo XXI para difundir ideas e información.

La Troika lleva camisa negra

Un 24 de octubre de 1922, Benito Mussolini decía en Nápoles: «Os digo con toda solemnidad: o se nos entrega el Gobierno o lo tomaremos marchando sobre Roma». Los 40.000 camisas negras que allí lo escuchaban gritaban en respuesta: «¡A Roma, a Roma!».

Este hecho simbólico desembocó en el ascenso al poder del fascismo en Italia y la antesala de régimenes como el de Hitler o Franco. Si Marx anunciaba en el Manifiesto Comunista que el fantasma del comunismo recorría Europa, en los años 20 y 30 fue el fascismo quien la recorrió, fulminando democracias parlamentarias en régimenes de corte fascista.

La desafección hacia la política, el surgimiento del ultranacionalismo como respuesta al Tratado de Versalles que no cumplía con las expectativas que pretendían los italianos tras la I Guerra Mundial, facilitaron el ascenso al poder de “la revolución fascista”, una autentica bestia que intentó acabar con todas sus fuerzas con el creciente y potente movimiento obrero italiano, sobre el que media Europa se miraba al espejo.

Hace hoy 90 años, Italia perdía su soberanía nacional para someterse a los designios de un tirano, de un mentecato ultranacionalista que dirigió Italia con mano de hierro desde 1922 hasta 1943.

También hace ahora casi un año, otro sátrapa con aspiraciones a tirano como Silvio Berlusconi abandonaba el gobierno de Italia para dejar paso a un presidente no elegido por los italianos. Berlusconi, con todos sus defectos, gobernó Italia durante más de dos décadas a golpe de urna (y de talón), pero una marcha inquebrantable sobre Roma, a ritmo del paso de la oca que marca la comisión de la Unión Europea, el FMI y el BCE, derribó el gobierno democrático para poner a otro duce que nadie había votado. La Troika, unos camisas negras modernos, mantienen el poder en Italia, lo han extendido a Portugal, a Grecia y, previsiblemente, pronto llegarán a España.

El próximo 14 de noviembre tenemos la posibilidad de ser, por una vez, nosotros quienes marchemos, quienes tomemos las calles. Desde Roma, Lisboa, Atenas o Madrid debemos salir a la calle y recuperar la soberanía popular. Seamos valientes, convirtámonos en partisanos contra las imposiciones de la Troika y en defensa de los servicios públicos. O ellos o nosotros.

¡IVA España!

Todo eran risas: que si el verano, que si unas cañas aquí, que si picamos algo en la terraza… pero al final llegó septiembre  y con él la subida del IVA y la caída de España un par de escalones más hacia el subdesarrollo.

Desde hoy, la práctica totalidad de los bienes de consumo se gravarán con un 21% de IVA, exceptuando, claro está, los bienes de lujo, no vaya a ser que entre el estrés de salvar bancos con dinero público y de desalojar a familias, el caviar les vaya a sentar mal a banqueros y politicastros de guante blanco a su merced. En una situación como la actual, con más de 5 millones de desempleados, con familias en la calle y con miles de hogares donde no se percibe ningún tipo de ingreso, lo normal y lógico para reactivar la economía es elevar los precios, parecéis tontos.

Todos nos tenemos que apretar el cinturón y ser solidarios, no somos conscientes de que incluso diputados del PP que perciben 5.000 euros de sueldo las pasan canutas para sobrevivir. A mí, en un alarde de patriotismo, me alegra que ahora pase de tener un 15% de retención del IRPF a un 21%, ¿para qué quiero el dinero si con ello puedo salvar España? Si tengo que dejar de pagar el alquiler y volver a casa con mis padres, pues se hace, que no se diga que no hacemos sacrificios por salir de la crisis.

Mi fervor patriotico llega a tales cotas que invito a los otros 909.999 ciudadanos del reino de España que hoy se quedan sin cobertura sanitaria a que se unan a mí, que defiendan España y no se dejen sucumbir. ¿Qué es eso de la sanidad universal? Eso es cosa de cubanos y comunistas, nosotros somos libres, demócratas, nosotros podemos comprarnos un Audi si queremos. Bueno, quizá no tengamos dinero para comprarlo, pero tenemos la libertad de comprarlo, que a fin de cuentas es lo que importa. Libertad de comprar es libertad, la igualdad es solo cosa de progres y perroflautas.

Todo son risas… hasta que te das cuenta de que ésta es la puta realidad que nos toca vivir, de que hay miles de personas que a diario rebuscan en los contenedores de nuestras calles para comer y de que más de un 20% de la población se encuentra ya bajo el umbral de la pobreza y en riesgo de exclusión social. Cuando ves que una panda de hijos de la gran puta que priman los intereses de unos pocos sobre los de la mayoría, que carecen de la más mínima empatía social y humanidad para eliminar de un plumazo algo tan básico como el derecho a una cobertura sanitaria universal o para elevar impuestos sobre bienes de consumo y de primera necesidad, te das cuenta de que quizá estamos aún más cerca del abismo de lo que pensábamos. Quizá llegue el momento de romper la baraja, de cambiar el miedo de bando y de la rebeldía inunde las calles. El patriotismo no es una bandera, ni una selección, ni una nación. El patriotismo es estar con los tuyos, con los que sufren, con los eslabones más débiles de la sociedad, es estar con la mayoría silenciosa que sufre por la avaricia y usura de unos pocos. Pero pobres de esos pocos el día que los que menos tienen, por no tener, ya no tengan ni miedo.

Sé lo que hicisteis el último verano

 Este domingo, 2 de septiembre, se cumple un año de la reforma de la Constitución que aprobaron en el Congreso PSOE y PP, que implicó “cambiar de raíz el actual modelo económico sólo para favorecer aún más los intereses del capital financiero.” Con la reforma se limita el deficit público y se da prioridad absoluta al pago de la deuda, impidiendo así que el Estado pueda endeudarse para financiar los servicios públicos, las políticas sociales o crear empleo público.

Hace un año, Izquierda Unida llevó a cabo una campaña para exigir un referéndum sobre la reforma, y anunció, como se ha cumplido, que tras la misma “la receta para el futuro se basa en el recorte y el deterioro de los servicios sociales, la liquidación de lo público y el ataque a las condiciones salariales y laborales de los empleados públicos y el conjunto de trabajadores y trabajadoras”. Como estamos viendo, con la reforma, se prioriza el rescate a la banca, mientras empeoran cada vez las condiciones de vida de las personas.

La Troika y el desmantelamiento de las entidades locales

En estos tiempos, ninguna decisión política es casual, ni nada es tan inevitable como se pretende. Llevamos cuatro años de cosas “inevitables”, de sacrificios constantes sobre la mayoría, de recortes y de una paulatina destrucción y degradación de los servicios públicos y de las relaciones capital-trabajo. El desmantelamiento del Estado del Bienestar y la puesta en práctica de todo el corpus dogmático del neoliberalismo y la escuela de Chicago, están aprovechando la coyuntura de una crisis sistémica global para crear laboratorios donde poner en práctica sus teorías.

Ante este panorama no es raro pensar que tras las cuestiones meramente económicas y la mercantilización sistemática de todo lo susceptible de ser transformado en negocio de unos pocos (aunque conlleve negar su acceso a la mayoría), el siguiente paso será prolongar una degradación democrática que bajo la excusa de la austeridad y los eufemismos de los ajustes, mermen la soberanía de los pueblos y el sistema democrático actual.

En el estado español hemos sido testigos de estos ataques sistemáticos a la soberanía que han venido supuestamente inducidos por la Troika (BCE, FMI y Comisión Europea), asumidos con pragmatismo papanatas por unos y con entusiasmo neoliberal por otros. Los unos, siempre sumisos a los poderes financieros y los otros muy contentos de poder poner en práctica sus teorías económicas ocultas y bien estudiadas por sus think tanks.

Hace un año se aprobó una reforma constitucional express, pactada por los dos grandes partidos que apuntalan el bipartidismo, por la que se elevaba la contención de déficit al grado de ley y abría las puertas de par en par a la intervención de los poderes económicos sobre el poder político (sí, aún podían intervenir más si cabe). Recortes de unos, recortes de otros, fueron fraguando una situación de ofensiva multidimensional en todos los flancos de la sociedad que desbordó la propia contestación social. Llegaba la hora de amordazar las instituciones.

En Portugal, donde la troika también cabalga a sus anchas y donde también los dos grandes partidos que apuntalan su sistema colaboran fervientemente con ella, van mostrandonos el camino de la política oculta de nuestro gobierno. Punto por punto en España se van tomando las mismas medidas que meses antes fueron tomadas en el país vecino y hermano, entre ellas, la oleada de antimunicipalismo.

El gobierno portugués puso hace meses sobre la mesa una ley que pretende eliminar las freguesias, el equivalente luso a nuestras parroquias rurales y concejos, que dió lugar a un movimiento cívico en defensa de las mismas agrupado en la Plataforma Nacional contra a extinção de freguesias. Los argumentos esgrimidos por el gobierno portugués fueron exactamente los mismos que los empleados por el de Mariano Rajoy: que las entidades locales son ineficientes, que se pretende ahorrar costes, que se busca reorganizar para dar mejor servicio.

Lo que es evidente es que nada es casual y que estas medidas tienen una intencionalidad política clara, una revancha de antimunicipalismo que apuntale las mayorías de los partidos turnistas, dificultando la entrada en las corporaciones locales de listas minoritarias o de corte alternativo. Bajo la excusa de un ahorro en sueldos a concejales (cuando más del 90% de los concejales no cobran), se pretende dejar fuera a cualquier opción política que no esté controlada por cúpulas estatales afines a los intereses finacieros de la Troika.

La eliminación de nuestras parroquias rurales, las entidades de gestión más cercanas a los ciudadanos, que producen superávit año a año y que son el eslabón fundamental de miles de ciudadanos con la política, es un intento de fiscalizar el entorno rural, de acaparar sus recursos y provocará mayor abandono al hacerlos depender de núcleos mayores. La eliminación de concejales restará pluralidad y restará eficiencia en los ayuntamientos.

Quizá, la solución, debería pasar por la búsqueda de una confluencia en las luchas de los pueblos que hoy por hoy en Europa se ven amenazados por el rodillo neoliberal. Los ataques de los mercados y poderes financieros no entienden de banderas y tienen un plan marcado muy estudiado. De nosotros depende confluir o rendirnos.

Al final los locos teníamos razón

Hace 7 años, en 2005, se aprobó por referendum la firma de la Constitución Europea. Un referéndum que fue secuestrado por el efecto ZP y se intentó hacer de él una especie de segunda vuelta que ratificara la victoria de Zapatero puesta en duda desde la derecha mediática con teorías conspiranoicas en torno a los atentados del 11m en Madrid.

Por aquel entonces yo manifesté siempre públicamente mi oposición al tratado e hice campaña activa por el NO. Un amigo de las Juventudes Socialistas se extrañaba y me preguntaba “¿pero de verdad tú te crees esas cosas de la Europa del capital y de la guerra que dicen los comunistas?”. Esta pregunta, con un tono peyorativo hacia “los comunistas” que no eran más que todas las formaciones a la izquierda del PSOE fuesen comunistas o no, hacía referencia a un slogan que la izquierda utilizaba en la campaña para condensar que se rechazaba dicha constitución porque solamente beneficiaba los poderes financieros y una política exterior agresiva con el mundo. Mi amigo me trató de loco, de antieuropeo, poco faltó incluso para calificarnos a quienes defendíamos desde la izquierda el no, de ser iguales que la derecha ultranacionalista.

Siete años después de aquella conversación que me quedó marcada, vuelvo a pensar en aquella oportunidad perdida de que la izquierda hubiese conseguido tumbar un tratado constitucional que solo beneficiaba al capital y se hubiese podido presionar por una constitución social, por una Europa de los ciudadanos. Con las consecuencias de la gran estafa de la crisis, asolando países y arrebatando la soberanía nacional a los pueblos de Europa, solo me queda recordar que se les avisó pero, como siempre, se nos trató de locos hasta que el rodillo del capitalismo feroz arrasó media Europa con el amparo de una UE que viaja a diferentes velocidades y en la que los pueblos de Europa son lo que menos importa.

Algo similar ocurrió en diciembre de 2010 cuando el Consejo de Ministros encabezado por Zapatero aprobó las privatizaciones parciales de Loterías y Apuestas del Estado y de AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea). En respuesta a dicha amenaza de privatización, los trabajadores de AENA se pusieron en huelga y paralizaron por completo los aeropuertos de España, dando solamente servicio a los vuelos de tipo médico. En aquella ocasión el ministro José Blanco decidió acabar con un conflicto que él mismo había generado militarizando el espacio aéreo. Por primera vez en la democracia se utilizaba al ejército para acabar con un conflicto laboral y en defensa de lo público. Por aquel entonces toda la prensa azuzaba contra los controladores, todo el mundo reclamaba como un derecho el poder irse de vacaciones a Punta Cana y nadie se planteaba, nadie pensaba siquiera, en que la protesta iba dirigida contra la privatización de los aeropuertos españoles, que se estaba defendiendo un patrimonio público que generaba riqueza y que el PSOE había decidido privatizar.

En aquel entonces también fue difícil explicarlo, también se nos trató a quienes desde la izquierda defendíamos la huelga de irresponsables, de  antipatriotas y de alarmistas. Se nos decía que con aquella privatización se mejoraría el servicio y no se perderían empleos. Hoy nos encontramos en la prensa que AENA ya se plantea reducir el 65% de su plantilla en 10 aeropuertos, unos 1000 de los 9000 de que dispone en total. Una vez más, se avisó, pero se nos trató de locos e irresponsables y hoy observamos cómo se desmantela poco a poco la estructura de aeropuertos públicos de España.

Unos meses después, en agosto de 2011, cuando el PSOE daba sus últimos coletazos en el Gobierno, se propició lo que muchos llamamos un golpe constitucional cuando el PSOE y el PP pactaron una reforma express de la Constitución que establecía por ley un límite del techo de déficit público en España. Muchos nos indignamos, muchos salimos a la calle y muchos alzamos la voz advirtiéndo de que dicha reforma abría las puertas de par en par a los recortes y las privatizaciones. Desde el PSOE se nos trató de locos, se nos atacó, se negó que se fuera a recortar nada y, lo que es peor, se trató de tonto a todo un país haciéndole creer que no tenía un fundamento ideológico, sino obligatorio.

Una vez más los locos, los utópicos, teníamos razón y hoy vemos cómo semana tras semana se destruye, se recorta, se ataca a lo público y se privatiza. Ahora, como entonces, muchos nos seguimos oponiendo a la destrucción sistemática de los servicios públicos, de los derechos y, en definitiva, de las personas. Evidentemente no todo el mundo puede decir lo mismo y quien privatizó, quien subió impuestos, quien recortó, no puede enarbolar ahora la defensa de lo público. Ante nosotros están los dos verdugos del estado del bienestar, el PSOE y el PP. Uno ideológicamente consciente y otro pragmáticamente obediente. Culpables los dos recorten o privaticen a velocidades diferentes. Tras dos reformas laborales del mismo color pero diferente tonalidad que se han demostrado inútiles y un atentado contra los trabajadores, queda claro que tras el golpe constitucional no queda espacio para el diálogo con quienes perpetúan el mismo sistema y buscan métodos de blindaje mutuos.

En nuestras manos está ser capaces de dar respuesta a esta crisis y proyectar un modelo alternativo no solo de salida a la misma, sino para la construcción misma de otro modelo social. Con el sistema en pleno colapso y una fractura social que pone en peligro la mera supervivencia de miles de personas es de vital urgencia la construcción de una alternativa sólida que señale con el dedo quiénes son los culpables y los cómplices de esta crisis, de no perdonar a los tontos útiles que se dejaron utilizar para imponer un modelo insostenible desde supuestas posiciones de izquierdas y de conseguir, como decía la última campaña de IU, que el miedo cambie de bando. En nuestra agenda debe estar, como primer punto, la confluencia de todos los conflictos sociales y la canalización de los mismos con el proposito de conquistar una nueva hegemonía que nos permita crear un nuevo modelo social.

La salud, en venta (segunda parte)

El pasado 24 de abril se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-Ley 16/2012 aprobado el 20 de abril “de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones”. Con esta nueva normativa se pretende extender al ámbito sanitario la concepción dominante de recorte en nombre del déficit bajo la excusa de garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario. El polémico decreto establece, entre otras cosas, el re-pago sanitario a pensionistas o la eliminación de cobertura sanitaria a inmigrantes o a jóvenes mayores de 26 años sin cotización.

Según toda la mitología eficientemente construida y difundida por el neoliberalismo que salpica, en mayor o menos medida, a los dos grandes partidos de ámbito estatal y a algunos de ámbito autonómico, el sistema sanitario español es insostenible y necesita de una urgente revisión que permita introducir las recetas de ajuste o, como ellos lo suelen definir, una reorganización de los recursos públicos. Los recortes, que es lo que son en definitiva, son la punta del iceberg de una estrategia muy bien elaborada por los poderes económicos con el único fin de desguazar lo suficiente del sistema público sanitario para que las clases medias se sientan incómodas y se lancen a los brazos de la sanidad privada, convirtiendo de este modo el sistema de asistencia sanitaria público en una suerte de ente caritativo, de bajo nivel, de bajos recursos y socialmente poco apreciado.

Se le olvida a la derecha de que en España cada vez hay más pobres y que los pobres son cada vez más pobres. Se le olvida a la derecha -y a parte del centro- que quienes hoy copan los servicios de caridad son los que ayer ellos convencieron de ser clases medias: los trabajadores de la construcción, los autónomos, los obreros fabriles o el sector servicios.

Los genéricos: no es oro todo lo que reluce

Se impone poco a poco la idea de que la solución pasa por la introducción masiva de los medicamentos genéricos en los hospitales hasta el punto de que se está creando entre la opinión pública un discurso contra los laboratorios farmacéuticos, un concepto etéreo y poco definido, que esconde un caramelo envenenado.

Un medicamento genérico es un avance como medida de presión ya que añade competencia en el mercado y sirve de dinamizador de la política de precios, obligando a los laboratorios a reducir el precio de sus productos con marca comercial para poder competir con el genérico. El problema es que se nos olvida que los genéricos no nacen de los árboles, que tras ellos también hay laboratorios farmacéuticos y que no son lo mismo unos que otros productos. De hecho se nos oculta, creo que de manera interesada, que en muchas ocasiones es el mismo laboratorio el que hace la marca comercial y su genérico. Cuando se hacen reportajes para confundir a la opinión pública en este aspecto no sobraría decir que no es lo mismo un genérico fabricado en un laboratorio de la India o China que uno elaborado en Alemania o Francia, y tampoco se debería ocultar que ya hay fármacos genéricos que han tenido que ser retirados del mercado por ser fabricados en laboratorios sin un mínimo de condiciones de seguridad o que en algunos casos se fabricaban con producto de origen desconocido.

Un genérico, por definición a vuela pluma, es el principio activo, la molécula en la que se basa un medicamento que, pasado un periodo de tiempo, se libera de patentes y puede ser fabricada por cualquier laboratorio que tenga la tecnología suficiente lo que en teoría abarata los costes y lo hace más accesible. Lo que no se explica habitualmente es que esa molécula, ese principio activo es solo una parte del medicamento comercial y no se puede asegurar que sean lo mismo porque eso es mentir. Evidentemente que un ibuprofeno genérico contenga un 80% de producto similar a un ibuprofeno de marca comercial puede importar más bien poco, porque como analgésico para dolencias leves puede servirnos igual. El problema viene cuando por ejemplo hablamos de medicamentos de tipo neurológico o para tratar un cáncer ya que ahí un 20% de diferencia entre un producto es una diferencia lo suficientemente elevada como para plantear riesgos de tratamiento, de tolerancia y, en muchos casos, de eficacia. Ya no hablemos por ejemplo, de la locura de pretender romper los combos establecidos para tratar a enfermos de VIH a lo que por cuestiones éticas ya existe un movimiento de objeción de conciencia entre médicos de Comunidades Autónomas donde se les exige emplear genéricos como Cataluña.

Hay otro aspecto que tampoco se tiene en cuenta y a mi me parece el más peligroso de todos. Un laboratorio, por norma general, dedica una serie de recursos para la investigación de nuevos fármacos, de nuevas vacunas y nuevas moléculas, y es quien suple la carencia de I+D+i del Estado. En definitiva, son los que inventan. Por su parte cuando un laboratorio fabrica un genérico reduce costes porque no inventa, simplemente copia, toma lo que otros inventaron para fabricarlo y venderlo a un menor coste ya que no tiene que amortizar la inversión en investigación.

A corto plazo, esta política es positiva ya que como dije anteriormente, obliga a la marca comercial a ajustar el precio inflado durante años para poder competir. Pero es pan para hoy y hambre para mañana ya que, cuando se impogan en el sistema sanitario los genéricos ¿quién va a invertir en investigar en nuevas moléculas para tratar dolencias que ya cubren genéricos y mejorar su eficacia o posología?

La gestión clínica, de la que se llenan la boca PP y PSOE, sirve para perpetuar una corresponsabilidad del personal sanitario en los gastos del sistema, amordazando el criterio profesional y adjudicándoles a ellos toda la responsabilidad del gasto público. La implantación de los objetivos, de penalizar la prescripción de productos de marca comercial -incluso si cuestan lo mismo- y bonificar a quienes receten principio activo.

Pero hay un gran peligro en la dinámica española de buscar la salida mediante los genéricos a la vez que no se invierte en investigación pública que pueda suplir la carencia de investigación comercial. ¿Qué pasaría si un laboratorio desarrolla una cura al cáncer en, por ejemplo, Francia? ¿tendríamos en España a nuestros pacientes esperando durante años hasta que la patente de dicho producto caducara para poder tener el genérico por ahorrar costes? ¿permitiríamos que nuestros enfermos se muriesen de algo que al otro lado de la frontera se está curando solo por no querer permitir ese gasto? Pues algo similar a esto está ocurriendo ya con enfermos como los del VIH en algunas comunidades autónomas.

Centrales de compra: camino al monopolio

Otra de las soluciones que aportan los ideólogos neoliberales es la creación de las llamadas centrales de compras que consisten, básicamente, en que la central compra medicamentos a gran escala para teóricamente abaratar costes y luego estos medicamentos se reparten entre los hospitales adscritos a dicha central.

Este modelo de gestión de compras, apoyado firmemente por el PP y dubitativamente por el PSOE, no solo es poco eficiente, sino que generaría un estacazo en el espinazo del sistema farmacéutico. Lo primero porque obligaría a que todos los hospitales españoles tuviesen que adoptar los mismos protocolos y tuviesen que asumir el mismo catálogo, independientemente de las diferencias o la latencia de enfermedades en cada zona. Lo segundo porque favorece a los laboratorios más grandes, a los que pueden hacer mejores ofertas por volumen de producción y condenaría a los pequeños laboratorios a ser excluídos de todo el sistema sanitario y a su cierre.

Dicen que el sistema sanitario español es insostenible, que no hay dinero y que hay que recortar. Solo con lo que nos va a costar a cada ciudadano el rescate a Bankia, podría pagarse la vacuna del neumococo y del rotavirus a todos los recién nacidos, erradicando prácticamente por completo la mortalidad infantil en España, y aún sobraría dinero. Si se rescatan bancos, me pregunto, si no es más urgente rescatar a esos hospitales con deudas millonarias a los laboratorios farmacéuticos a los que ya se amenaza con no servirles más productos por falta de pagos. Me pregunto si no sería importante, ante el panorama actual, blindar los dos ejes fundamentales de cohesión social como son la educación pública univeral y la sanidad.

Por desgracia el Partido Popular cree que lo fundamental es rescatar entidades financieras y el PSOE duda de sus prioridades y recorta por imperativo legal (en Andalucía con nuestro apoyo, muy a mi pesar).

El PSOE de Pravia también tiene tijeras

Hoy hemos podido conocer, al fin, los Presupuestos Generales del Estado que, como ya esperábamos, no dejan títere con cabeza dando otra estocada más al ya maltrecho estado del bienestar. Como ya se sabía o preveía, un recorte de tanta magnitud que elimina de un plumazo las ayudas a la dependencia o la financiación de planes y políticas activas de empleo y formación, llega tras las elecciones en una evidente táctica de trilero para evitar que antes de los comicios se mostrase la cara menos amable del Gobierno.

Quizá por este mismo motivo conocemos hoy por prensa el plan de recortes aprobado en el pleno del Ayuntamiento de Pravia con los votos del PSOE local, el voto en contra del PP y las abstenciones de Unidad Praviana y Foro Asturias. Un plan de recortes que pretende desarrollarse hasta 2022 para ahorrar 2,7 millones de euros.

Mi abuela, de natural ahorradora, tenía un refrán que decía que “el montón que se quita y nun se pon, se descompón” y ahí está el problema, que no se puede gastar más de lo que se tiene y, sobre todo, no debería hacerse pagar al ciudadano por los errores de gestión o el malgasto de los representantes políticos, sea justificado o no. Hace no mucho nos enteramos de que se pedía a nuestro Ayuntamiento que devolviese una subvención invertida presuntamente en lo que no se debía, de la cual parece que hay una parte sin justificar y que se gastó en, según palabras de nuestro alcalde Toni, “cuestiones perentorias”.

Quizá esté ahí el problema del PSOE praviano, que para ellos no es perentorio conservar un servicio emblema de la izquierda asturiana como las Oficinas de Información Juvenil, tampoco un servicio básico como la gestión pública del agua o la necesidad mantener el poco empleo público en estos tiempos de crisis. Para el PSOE praviano todos nos tenemos que hacer cargo de haber gastado el dinero público a su antojo, de no haberse planteado la posibilidad de no poder afrontar gastos y de huir hacia adelante. Ahora debemos hacernos cargo de pagar los intereses de un crédito que solo sirve para tapar agujeros mientras poco a poco desarmamos el poco patrimonio municipal.

¿Por qué no se plantean, como gesto de buena voluntad, bajarse el sueldo el alcalde o el concejal liberado como piden tantos pravianos? Presupongo que es prioritario destruir cinco puestos de trabajo o jugar con servicios básicos como el suministro público de agua que no intentar ser consecuentes con la ideología que dice uno predicar o asumir, al menos, parte del error.

La última tragedia griega

Escribo estas breves líneas consternado, con una mezcla de enfado, de indignación y de tristeza. El parlamento griego acaba de aprobar en una aplastante mayoría (199 sí, 74 no, 5 abstenciones) un plan de ajuste que pretende dar solución a la crisis que azota el país mediante un recorte masivo y abusivo de las prestaciones sociales y del marco laboral. Veo estupefacto al PASOK, partido socialista griego, cogiéndose de la mano de la derecha para dar forma y  apoyar con su voto la destrucción del Estado del Bienestar, la subordinación de toda una nación a los interes financieros de la troika (BCE, UE y FMI) y, en definitiva, el sacrificio de la sobernaía popular de una nación vendida a coste de saldo.

La imagen que se está dando por los medios de comunicación españoles es de violencia gratuíta, de destrucción de inmuebles y de enfrentamientos con la policía. Muchas tertulias mañana condenarán la violencia del pueblo griego contra las instituciones, incluso surgirá algún tinte paternalista que crea que son unos pobres ignorantes que sacan una ira desbocada y mal canalizada. Nadie se está planteando realmente por qué el pueblo griego sale a las calles, por qué quema, por qué odia a la mayoría de sus políticos.

La troika, la entente formada por la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo, es quien ostenta hoy el poder en Grecia a través de su gobierno pelele. Un gobierno que acaba de aprobar con la mano cómplice de los socios griegos del PSOE las siguientes medidas (aparte de otras que se harán públicas en 15 días):

  • reducción del salario mínimo entre el 22% y el 32% para los jóvenes recién incorporados al mercado laboral (menores de 25 años)
  • derogación de los convenios colectivos e individuales
  • recortes en todas las pensiones
  • el despido de 15.000 empleados públicos
  • un tijeretazo en prestaciones y servicios sociales

¿Quién puede culpar al pueblo griego de pelear con uñas y dientes por defender sus derechos, por defender su dignidad y su soberanía? Con una Grecia acechada por los buítres financieros, por los usureros que no entienden de empatías ni de dignidades, nadie en su sano juicio puede ni siquiera cuestionar la reacción de un pueblo contra los líderes que lejos de representarlos hacen el papel de cómplices de quienes los sepultan.

Solidaricémonos con el pueblo griego, enfadémonos por la injusticia de su situación pero, sobre todo, recapacitemos y pensemos cuál ha sido la deriva que ha llevado a esta situación, no tan diferente a la española. Pensémos quiénes han sido los responsables de la quiebra griega, quiénes han votado contra su pueblo y recapacitemos sobre la posibilidad de que seamos nosotros los próximos en caer bajo las garras de la usura financiera. ¿Estamos dispuestos a dejarnos vender y desmantelar con el colaboracionismo bipartidista? ¿vamos a consentir los recortes preventivos, que nos apliquen la política del miedo para no reaccionar ante el rodillo y el terrorismo financiero? Tenemos instrumentos, que el miedo no nos impida usarlos.

Giorgos Mayrikos, ha lanzado el proyecto de ley de austeridad al Ministro de Economía en pleno debate en el Parlamento griego.

Resultados (provisionales) de las votaciones:

A favor: 200 (PASOK, ND)
En contra: 74 (Synaspismos, KKE, 11 diputados del PASOK y 1 del ND)
Abstenciones:  9 diputados del PASOK, 1 de ND y la extremaderecha de LAOS

La salud, en venta

Leo con estupor las declaraciones efectuadas por la viceconsejera de asistencia sanitaria de la Comunidad de Madrid, Patricia Flores, en las que afirma que hay que poner límites al tratamiento de los enfermos crónicos. Y digo con estupor porque como enfermo crónico que soy me produce vergüenza y miedo que haya en este país gente de tal catadura moral que incluso se plantee la posibilidad de que quienes padecemos enfermedades con tratamientos para toda una vida no podamos recibir ayuda del Estado por ello.

Me pregunto día a día qué clase de déficit empático se desarrolla en el seno de la derecha para cuestionarse la asistencia sanitaria universal y gratuita para todos los ciudadanos. ¿Es acaso la salud, elemento básico del desarrollo del ser humano para su mera existencia, algo susceptible de ser cuestionado? La sanidad pública se basa y debe basarse en un principio de equidad y de libre acceso, que entre todos financiemos un sistema de asistencia que garantice que cualquier persona -sea cual sea su renta- pueda obtener un tratamiento digno y de primera calidad.

Yo me beneficio de este sistema y, al igual que hay ciudadanos que cotizan a la Seguridad Social pero no necesitan hacer uso durante años del sistema sanitario, a mí me resulta imprescindible para poder desarrollar mi vida con normalidad. Mi tratamiento cuesta 98€ por caja al mes. Ante la situación económica y laboral que nos encontramos, donde el trabajo es prácticamente una lotería y en el mejor de los casos no se llega a los 800 euros de sueldo, me pregunto: ¿considera el Partido Popular que yo puedo permitirme casi 100 euros al mes por un medicamento que no es optativo y que me hace tener una calidad de vida que me permita desarrollar trabajos y una vida con total autonomía? ¿Cree el Partido Popular que poder llevar una vida con normalidad tiene precio?

Se está imponiendo en nuestro país un discurso muy peligroso precisamente desde los estamentos que no están sufriendo las consecuencias de la crisis y por determinados grupos que pretenden aprovechar la coyuntura para imponer recetas ya fallidas que precarizan aún más nuestras vidas. Hay un proceso de desacreditación premeditada de lo público en beneficio de lo privado y se está elaborando un discurso de cuestionamiento del propio sistema al que se acusa de insostenible. Todo esto oculta un interés evidente: la mercantilización de los servicios públicos, la desmantelación de lo de todos y de lo susceptible de producir beneficios económicos a agentes privados. Primero fueron las empresas públicas, luego la educación y, ahora, le toca el turno a la sanidad.

Bajo el pretexto de la austeridad o del vivir sobre nuestras posibilidades tenemos una estrategia de desprestigio que no pretende otra cosa que hacer caja con la sustitución progresiva de lo público, lo de todos, por algo privado y privativo. El sistema público de salud es sostenible siempre y cuando se haga con criterio y con una planificación a largo plazo. Hay dinero, simplemente hay que saber invertirlo mejor y eso pasa precisamente por un refortalecimiento del propio sistema y por garantizar que el sistema siga siendo atractivo para las clases medias. En sus manos está la financiación del mismo y que sea algo universal, y para ello hay que seguir ofreciendo un sistema de calidad con el que no pueda competir la sanidad privada. El día que consintamos un descrédito y devaluación del sistema de salud público que haga huir a las clases medias y lanzarse a los brazos de los seguros privados, estaremos firmando la sentencia de muerte de nuestro sistema, transformándolo en mera caridad para los eslabones más débiles de nuestra sociedad.

¿Estamos dispuestos a consentir que algo tan básico para el bienestar de un país como es el sistema sanitario se ponga en tela de juicio o se entregue a la especulación?