El pasado 24 de abril se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-Ley 16/2012 aprobado el 20 de abril «de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones». Con esta nueva normativa se pretende extender al ámbito sanitario la concepción dominante de recorte en nombre del déficit bajo la excusa de garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario. El polémico decreto establece, entre otras cosas, el re-pago sanitario a pensionistas o la eliminación de cobertura sanitaria a inmigrantes o a jóvenes mayores de 26 años sin cotización.
Según toda la mitología eficientemente construida y difundida por el neoliberalismo que salpica, en mayor o menos medida, a los dos grandes partidos de ámbito estatal y a algunos de ámbito autonómico, el sistema sanitario español es insostenible y necesita de una urgente revisión que permita introducir las recetas de ajuste o, como ellos lo suelen definir, una reorganización de los recursos públicos. Los recortes, que es lo que son en definitiva, son la punta del iceberg de una estrategia muy bien elaborada por los poderes económicos con el único fin de desguazar lo suficiente del sistema público sanitario para que las clases medias se sientan incómodas y se lancen a los brazos de la sanidad privada, convirtiendo de este modo el sistema de asistencia sanitaria público en una suerte de ente caritativo, de bajo nivel, de bajos recursos y socialmente poco apreciado.
Se le olvida a la derecha de que en España cada vez hay más pobres y que los pobres son cada vez más pobres. Se le olvida a la derecha -y a parte del centro- que quienes hoy copan los servicios de caridad son los que ayer ellos convencieron de ser clases medias: los trabajadores de la construcción, los autónomos, los obreros fabriles o el sector servicios.
Los genéricos: no es oro todo lo que reluce
Se impone poco a poco la idea de que la solución pasa por la introducción masiva de los medicamentos genéricos en los hospitales hasta el punto de que se está creando entre la opinión pública un discurso contra los laboratorios farmacéuticos, un concepto etéreo y poco definido, que esconde un caramelo envenenado.
Un medicamento genérico es un avance como medida de presión ya que añade competencia en el mercado y sirve de dinamizador de la política de precios, obligando a los laboratorios a reducir el precio de sus productos con marca comercial para poder competir con el genérico. El problema es que se nos olvida que los genéricos no nacen de los árboles, que tras ellos también hay laboratorios farmacéuticos y que no son lo mismo unos que otros productos. De hecho se nos oculta, creo que de manera interesada, que en muchas ocasiones es el mismo laboratorio el que hace la marca comercial y su genérico. Cuando se hacen reportajes para confundir a la opinión pública en este aspecto no sobraría decir que no es lo mismo un genérico fabricado en un laboratorio de la India o China que uno elaborado en Alemania o Francia, y tampoco se debería ocultar que ya hay fármacos genéricos que han tenido que ser retirados del mercado por ser fabricados en laboratorios sin un mínimo de condiciones de seguridad o que en algunos casos se fabricaban con producto de origen desconocido.
Un genérico, por definición a vuela pluma, es el principio activo, la molécula en la que se basa un medicamento que, pasado un periodo de tiempo, se libera de patentes y puede ser fabricada por cualquier laboratorio que tenga la tecnología suficiente lo que en teoría abarata los costes y lo hace más accesible. Lo que no se explica habitualmente es que esa molécula, ese principio activo es solo una parte del medicamento comercial y no se puede asegurar que sean lo mismo porque eso es mentir. Evidentemente que un ibuprofeno genérico contenga un 80% de producto similar a un ibuprofeno de marca comercial puede importar más bien poco, porque como analgésico para dolencias leves puede servirnos igual. El problema viene cuando por ejemplo hablamos de medicamentos de tipo neurológico o para tratar un cáncer ya que ahí un 20% de diferencia entre un producto es una diferencia lo suficientemente elevada como para plantear riesgos de tratamiento, de tolerancia y, en muchos casos, de eficacia. Ya no hablemos por ejemplo, de la locura de pretender romper los combos establecidos para tratar a enfermos de VIH a lo que por cuestiones éticas ya existe un movimiento de objeción de conciencia entre médicos de Comunidades Autónomas donde se les exige emplear genéricos como Cataluña.
Hay otro aspecto que tampoco se tiene en cuenta y a mi me parece el más peligroso de todos. Un laboratorio, por norma general, dedica una serie de recursos para la investigación de nuevos fármacos, de nuevas vacunas y nuevas moléculas, y es quien suple la carencia de I+D+i del Estado. En definitiva, son los que inventan. Por su parte cuando un laboratorio fabrica un genérico reduce costes porque no inventa, simplemente copia, toma lo que otros inventaron para fabricarlo y venderlo a un menor coste ya que no tiene que amortizar la inversión en investigación.
A corto plazo, esta política es positiva ya que como dije anteriormente, obliga a la marca comercial a ajustar el precio inflado durante años para poder competir. Pero es pan para hoy y hambre para mañana ya que, cuando se impogan en el sistema sanitario los genéricos ¿quién va a invertir en investigar en nuevas moléculas para tratar dolencias que ya cubren genéricos y mejorar su eficacia o posología?
La gestión clínica, de la que se llenan la boca PP y PSOE, sirve para perpetuar una corresponsabilidad del personal sanitario en los gastos del sistema, amordazando el criterio profesional y adjudicándoles a ellos toda la responsabilidad del gasto público. La implantación de los objetivos, de penalizar la prescripción de productos de marca comercial -incluso si cuestan lo mismo- y bonificar a quienes receten principio activo.
Pero hay un gran peligro en la dinámica española de buscar la salida mediante los genéricos a la vez que no se invierte en investigación pública que pueda suplir la carencia de investigación comercial. ¿Qué pasaría si un laboratorio desarrolla una cura al cáncer en, por ejemplo, Francia? ¿tendríamos en España a nuestros pacientes esperando durante años hasta que la patente de dicho producto caducara para poder tener el genérico por ahorrar costes? ¿permitiríamos que nuestros enfermos se muriesen de algo que al otro lado de la frontera se está curando solo por no querer permitir ese gasto? Pues algo similar a esto está ocurriendo ya con enfermos como los del VIH en algunas comunidades autónomas.
Centrales de compra: camino al monopolio
Otra de las soluciones que aportan los ideólogos neoliberales es la creación de las llamadas centrales de compras que consisten, básicamente, en que la central compra medicamentos a gran escala para teóricamente abaratar costes y luego estos medicamentos se reparten entre los hospitales adscritos a dicha central.
Este modelo de gestión de compras, apoyado firmemente por el PP y dubitativamente por el PSOE, no solo es poco eficiente, sino que generaría un estacazo en el espinazo del sistema farmacéutico. Lo primero porque obligaría a que todos los hospitales españoles tuviesen que adoptar los mismos protocolos y tuviesen que asumir el mismo catálogo, independientemente de las diferencias o la latencia de enfermedades en cada zona. Lo segundo porque favorece a los laboratorios más grandes, a los que pueden hacer mejores ofertas por volumen de producción y condenaría a los pequeños laboratorios a ser excluídos de todo el sistema sanitario y a su cierre.
Dicen que el sistema sanitario español es insostenible, que no hay dinero y que hay que recortar. Solo con lo que nos va a costar a cada ciudadano el rescate a Bankia, podría pagarse la vacuna del neumococo y del rotavirus a todos los recién nacidos, erradicando prácticamente por completo la mortalidad infantil en España, y aún sobraría dinero. Si se rescatan bancos, me pregunto, si no es más urgente rescatar a esos hospitales con deudas millonarias a los laboratorios farmacéuticos a los que ya se amenaza con no servirles más productos por falta de pagos. Me pregunto si no sería importante, ante el panorama actual, blindar los dos ejes fundamentales de cohesión social como son la educación pública univeral y la sanidad.
Por desgracia el Partido Popular cree que lo fundamental es rescatar entidades financieras y el PSOE duda de sus prioridades y recorta por imperativo legal (en Andalucía con nuestro apoyo, muy a mi pesar).
